El Observatorio de Falsas Denuncias no puede permanecer ajeno al sentir profundo de una sociedad que ha comenzado a reaccionar en favor de las víctimas de acusaciones infundadas. Personas que, con esfuerzo, sufrimiento y perseverancia, lograron demostrar su inocencia tras atravesar extensas y desgastantes batallas judiciales que culminaron en sobreseimientos o absoluciones firmes.

Durante ese proceso, muchas veces vieron vulnerados derechos fundamentales: el principio de inocencia, la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, y la correcta aplicación de la carga de la prueba. Pero el calvario no termina con el fallo judicial.

Queda la tarea aún más difícil: recomponer vínculos familiares, recuperar el cariño de los hijos, el respeto social, y sanar heridas que dejan marcas imborrables.

El reciente caso del Dr. Pablo Ghisoni, quien padeció tres años de prisión y estuvo separado de sus hijos durante más de una década, perdiendo trabajo, patrimonio, relaciones familiares y sociales, no es una excepción: es apenas la punta del iceberg.

Nos enfrentamos a una problemática grave: falsas denuncias que son formuladas, sostenidas y promovidas con fines espurios, muchas veces legitimadas por profesionales de la salud sin ética, impulsadas por ideologías distorsionadas que dicen actuar en nombre de los derechos de la mujer, pero que en realidad lesionan gravemente los derechos humanos —incluidos los derechos superiores del niño— y atentan contra la justicia misma.

Por todo ello, instamos a la sociedad a repudiar esta nueva forma de criminalidad, que ignora la legalidad y promueve el uso instrumental de las instituciones judiciales para causar daño, manteniendo acusaciones falsas como si fueran verdades absolutas, sólo por haber sido formuladas por una mujer, en una peligrosa inversión del principio de igualdad ante la ley.

Solicitamos:

• A los abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales: que honren su rol y defiendan los derechos humanos, sin discriminar por género, evitando ser instrumentos de intereses espurios.
• A los magistrados: que cumplan y hagan cumplir la legislación procesal vigente, actuando con celeridad y justicia, porque el paso del tiempo daña irreversiblemente los vínculos familiares y destruye emocionalmente a los más vulnerables.
• A la prensa: que verifique los hechos antes de difundir acusaciones, y respete siempre el derecho a réplica, sin dejarse llevar por discursos ideológicos ni por presiones externas.

No alcanza con indignarse. Es necesario actuar y transformar desde dentro el sistema judicial: con fiscales objetivos, jueces imparciales y abogados que rechacen patrocinar intereses fundados en el uso de los hijos como herramienta de presión económica o venganza personal.

A quienes han sido víctimas de estas situaciones: no se den por vencidos, ni aun vencidos.
Identifiquen, denuncien y persigan las conductas de abogados, médicos o psicólogos que falsean informes, y de funcionarios que —por sesgo ideológico o negligencia— han provocado injusticias encarcelando a personas inocentes.

La justicia sin verdad no es justicia. Y una sociedad sin justicia, no es una sociedad sana.